Chihuahua, a 3 de mayo.— Con el corazón lleno de dolor, pero también de esperanza, decenas de familias desplazadas por la violencia en la Sierra Tarahumara iniciaron este sábado el Encuentro de Personas Desplazadas 2025, en la Plaza Hidalgo, frente al Palacio de Gobierno. Provenientes de comunidades como Coloradas de la Virgen, El Manzano, La Sierrita, Baborigame y otras, las y los participantes compartieron experiencias, denunciaron omisiones del Estado y exigieron que se garanticen plenamente sus derechos humanos.
El evento inició a las 10:30 de la mañana con una mesa panel en la que se abordaron los efectos del desplazamiento forzado interno, fenómeno que sigue sin ser debidamente reconocido por las autoridades.
En su intervención, la psicóloga Karina Baltazares, de la organización Prácticas Psicosociales, enfatizó el profundo daño emocional que enfrentan las personas desplazadas, y la necesidad de acompañamiento psicosocial como parte del proceso de reparación integral.
Por su parte, Antonio Mendoza, oficial asistente de protección del ACNUR, detalló los resultados de un reciente estudio de caracterización de personas desplazadas, señalando como principales necesidades la vivienda, el transporte y los alimentos, mientras que las pérdidas más graves han sido las psicológicas, la pérdida de empleo y medios de subsistencia.
Más adelante, se llevaron a cabo mesas de trabajo en las que los asistentes narraron las violencias y amenazas que los obligaron a abandonar sus hogares, las condiciones de precariedad en que viven actualmente y las demandas para lograr una vida digna. Entre ellas, sobresale la exigencia de que se protejan los bosques de la Sierra, fundamentales no solo como territorio, sino también como fuente de agua y vida.
El Encuentro continuará durante el fin de semana con un plantón permanente, un campamento nocturno y una marcha por la calle Libertad el domingo por la mañana, que concluirá con una rueda de prensa frente al Congreso del Estado, donde se volverán a plantear exigencias claras a las autoridades.
Durante la jornada, personal del Instituto Federal de la Defensoría Pública ofreció asesoría legal a las familias desplazadas, algunas de las cuales ya cuentan con sentencias judiciales favorables que el Estado no ha cumplido.
Las demandas son contundentes: ayuda humanitaria inmediata, pacificación real en la Sierra Tarahumara, regreso seguro para quienes lo deseen, y restitución de derechos con reparación integral para las víctimas. Asimismo, exigen un marco legal robusto que prevenga nuevos desplazamientos y garantice el acceso a la justicia, con castigo para quienes hayan cometido homicidios, amenazas, violaciones y otros delitos que obligaron a cientos de familias a huir de su tierra.